La reciente regularización extraordinaria de personas migrantes en España ha encendido un debate necesario y oportuno, pero plagado de bulos y prejuicios racistas en algunos casos. Desde una perspectiva progresista, esta medida no es solo un acto de justicia social, sino una estrategia inteligente para fortalecer nuestra economía, sostener las pensiones y los servicios públicos, y enriquecer nuestra vida social y cultural. Es el reconocimiento de una realidad palpable: cientos de miles de personas ya forman parte activa de nuestra vida diaria, contribuyendo a nuestra sociedad, pero atrapadas en un limbo legal que las hace mucho más vulnerables.