La democracia en el Estado español presume de un 44,4% de presencia femenina en el Congreso de los diputados, según especifican los datos de la IPU (Unión Interparlamentaria), pero tras la fachada institucional, los partidos mantienen una deuda pendiente y mucho trabajo por implementar, sobre todo, de puertas hacia dentro. La paridad de la Ley Orgánica 3/2007 convive con una praxis interna donde los protocolos contra el acoso parecen sufrir un sesgo de militancia. Es decir, el adversario es fiscalizado con vehemencia mientras el compañero de filas es amparado bajo una calculada ambigüedad. Al menos, en los casos que han trascendido, que empiezan a ser numerosos.