EL Consejo de Ministros aprobó este martes la regularización extraordinaria de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular, incorporando mecanismos para facilitar el procedimiento pero también para cubrir el flanco del relato de la extrema derecha que vincula al colectivo con inseguridad. Más allá de otros criterios –en demasiadas ocasiones marcados por conveniencia política–, la realidad de la presencia prolongada de estas personas en el Estado exige su gestión.