De las 58.000 viviendas protegidas construidas en Navarra desde los años 90, 55.000 acabarán –o ya están– en el mercado libre. Es el cálculo que maneja el Gobierno de Navarra, que hace unos años decidió romper con una dinámica insostenible. No puede ser, piensan en Vivienda, que el Gobierno pague un tercio de cada vivienda para hacerla protegida y que al cabo de unos años esa casa semipública termine en un mercado privado, sujeto a otras normas. El Parlamento, en junio de 2022, aprobó con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, Podemos, I-E y la abstención de EH Bildu una reforma que, precisamente, extendía ad eternum la protección de todas las VPO para compraventa construidas a partir de entonces. El problema es que las cifras de construcción de los 90 quedan muy lejos...