El Estado español ha iniciado una regularización extraordinaria de inmigrantes que permitirá conceder permisos de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país. El objetivo: sacar de la irregularidad a miles de trabajadores que hoy sostienen sectores clave de la economía sin derechos ni protección legal. La medida es, en ese sentido, razonable. La inmigración no es un fenómeno coyuntural sino una realidad estructural.