El uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, cuestionado por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, al revocar esta semana la concesión por parte del Gobierno Vasco de la semilibertad a los exmiembros de ETA María Soledad Iparragirre Anboto y Juan Ramón Carasatorre, ha venido siendo una práctica habitual también por parte del Ejecutivo español en los últimos años, incluso en casos que afectan a integrantes de la organización armada. En concreto, el Ministerio de Interior ha aplicado desde 2003 esta norma, que contempla el principio de flexibilidad, a 97 personas condenadas por delitos de carácter terrorista, de las cuales 56 eran presos de ETA.