La decimoquinta legislatura desde el restablecimiento de la democracia en el Estado español, la tercera con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo, está a punto de enfilar su último año. El verano de 2027 es el horizonte que el líder socialista se empeña en fijar como inamovible, rechazando por activa y pasiva la posibilidad de adelantar las elecciones generales, que tuvieron su último precedente el 23 de julio de 2023. La cuenta atrás se ha iniciado y el panorama que se le presenta al Gobierno en su afán por rematar su tarea legislativa no es nada alentador. El bloqueo al que se ve sometido en el Congreso desde que Junts le retirara su apoyo está provocando un atasco que afecta a decenas de proyectos normativos que, pese a haber iniciado su tramitación, están pendientes de una aprobación que está por llegar. O que quizás no llegue nunca. El de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es, por su trascendencia y lo prolongado de su estancamiento -están prorrogados desde 2023- el mascarón de proa de esta nave a la deriva que navega con la esperanza de que los vientos políticos rolen de forma inesperada y le permitan hacer llegar a buen puerto un cargamento legislativo que cuenta con otras iniciativas reseñables también encalladas.