El precio desorbitado de la vivienda provoca cada vez más casos de ocupación ilegal en nuestro país. Los salarios de los trabajadores y trabajadoras son cada vez más precarios y, aunque una persona quiera ahorrar, entre los gastos de la contribución y los gastos contributivos no se podría ahorrar lo suficiente como para pedir una hipoteca y comprar una vivienda sin riesgo de embargo o desahucio en nuestro país.