Mala praxis policial y judicial en investigación por violación con sumisión química. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es firme. La Abogacía del Estado español, condenado, ha renunciado a una revisión de hechos en la Gran Sala de ese Tribunal. No interpone recurso, paga indemnización a las víctimas y esquiva la reapertura de los procedimientos judiciales. Casi una década después de los hechos, carpetazo. Calmante económico para las víctimas. Los agentes implicados en esa mala praxis, de rositas.