La organización Incluye y el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra han elaborado un pionero estudio que concluye que, pese a la existencia de un marco normativo sólido, el acceso efectivo a la justicia de las personas con discapacidad intelectual sigue siendo desigual, debido a barreras como el uso de un lenguaje jurídico complejo, la falta de apoyos comunicativos generalizados y la escasa flexibilidad de los procedimientos.