Como consecuencia de la aplicación de la ley incorrectamente llamada paccionada, Navarra perdió en 1841 su estatus de reino independiente, con sus propias cortes, gobierno, tribunales y administración, para pasar a ser una provincia española. Apenas conservó un poco de autonomía, su propio régimen fiscal y algunas instituciones, como la Cámara de Comptos. En mayo de 1893 el ministro de Hacienda del gobierno de Madrid, Germán Gamazo, trató de eliminar cualquier resquicio del pasado de Navarra como estado y en el artículo 17 de su proyecto de presupuestos, trataba de aplicar a Navarra las mismas contribuciones que al resto de las provincias españolas. La reacción de la sociedad navarra fue inmediata y comenzaron a llegar protestas de todos los rincones del territorio, tanto de diferentes entidades políticas, como de personas particulares; muchas también afincadas fuera de Navarra.