Las compañías de tren que operan en el Estado (Renfe, Iryo y Ouigo) deberán abonar las indemnizaciones por retrasos que establece la normativa europea, aunque eliminen sus "compromisos de puntualidad" debido a las limitaciones de velocidad impuestas por Adif en determinados trayectos de alta velocidad, según ha advertido Facua-Consumidores en Acción.