El TSJN y el Tribunal Supremo han anulado los artículos 12.7, 13, 14.1 de la Orden Foral 106/2023 sobre la jornada escolar, por entender que erigían a las familias, sin respaldo legal, en un órgano decisorio con derecho de veto. Desde la plataforma por la jornada partida estamos de acuerdo con ellos en que la decisión sobre el tipo de jornada escolar no la deben tomar las familias, claro que no. Y también pensamos que tampoco la deben tomar los profesores en los consejos escolares. Igual que los horarios de los hospitales no los deciden ni los pacientes ni los profesionales sanitarios, y que los horarios máximos de las terrazas no los deciden ni los usuarios ni los hosteleros. Legisladores y gobernantes no pueden delegar en nadie decisiones que afectan al bien común, porque eso es dejación de funciones. Y al final, quien acaba pagando el pato es el alumnado de la mayoría de los centros públicos, que ven cómo sus profesores comprimen la materia cual prensa de hacer vino para impartirla como máximo hasta las 14.00 horas, mientras que sus iguales de los centros concertados reciben los contenidos con la calma que merecen hasta las 16.30, a un ritmo asumible para la mayoría.