Quiero expresar una valoración firme y clara sobre el proceso de regularización de personas migrantes emprendido por el Gobierno de España: nos encontramos ante una medida de enorme calado social, laboral y ético que sitúa la dignidad humana por encima de otros intereses y que responde, desde la política pública, a una realidad que ya existe en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo y en nuestra sociedad. Es un reconocimiento de la dignidad humana que debe prevalecer por encima de otros intereses –sean políticos, económicos o mediáticos– y una reafirmación de los derechos laborales y sociales.