El reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ha sido concebido como todo un hito entre gran parte del espectro político del Viejo Continente, entre otras cosas, destacando las grandes oportunidades económicas que este acuerdo va a crear. Además de esto, otro argumento que ha tenido mucha fuerza ha sido que dicho acuerdo va a posibilitar que los ciudadanos europeos puedan acceder a multitud de alimentos a precios más bajos. Sin embargo, esta narrativa oculta una realidad fundamental: la producción agrícola no está orientada a satisfacer necesidades humanas ni a garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, sino a servir como motor de acumulación de capital en el mercado global. El propio texto del acuerdo, que celebra un comercio bilateral ya existente de 88.000 millones de euros en mercancías, pone el foco en el ahorro arancelario de más de 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas y en el acceso privilegiado a un mercado de 260 millones de consumidores. Así, mientras se promete un flujo más barato de productos hacia los supermercados europeos –con la eliminación de aranceles de hasta el 55% en productos como los melocotones en conserva–, se consolida un modelo que subordina la agricultura sudamericana a la demanda exterior, incentivando la expansión de monocultivos para exportación y externalizando los costos sociales y ambientales sobre los territorios de Mercosur.